Más de cinco meses han transcurrido desde el ingreso por parte del Gobierno del proyecto de ley de gas licuado de petróleo (GLP) al Congreso. Y, si bien la contingencia ha estado concentrada en el debate para estabilizar las tarifas eléctricas y el articulado de transición energética, sigue su marcha la mesa técnica de trabajo que comprometieron las autoridades para discutir y generar consensos respecto al contenido del polémico texto sobre el gas.
En la séptima sesión de las 10 programadas por la instancia, realizada el 26 de octubre, llegaron a las dependencias de la Comisión Nacional de Energía (CNE) las municipalidades, actores clave en la relación del GLP y sus clientes cuando son cada vez más las alianzas que sellan los municipios con empresas para lograr precios más económicos.
Según se consigna en el acta de la cita, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), entidad que tiene 97 municipios asociados, planteó que el mercado GLP abarca el 70% de la población, mayormente en población con ingresos bajos.
Andrea Molina, directora de Relaciones Internacionales, fue quien expresó su preocupación, en particular, por los posibles riesgos asociados al proyecto de ley como, por ejemplo, los costos adicionales de llegar con el cilindro de GLP hasta el vecino y el traspaso de estos al cliente final. En ese aspecto, indicó que se está viendo el aumento de robo de cilindros, añadiendo que hay costos que el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no contempla.
Molina sostuvo que, en la actualidad, el minorista hace parte de la cadena logística. En esa línea, asegura que el proyecto no es claro cómo se resolverá la entrega en la última milla en cuanto a logística y cobertura nacional. A su juicio, el proyecto tampoco señalaría exigencias y condiciones en seguridad en las operaciones.
La representante también señaló que desintegrando el mercado no se lograría beneficiar a los vecinos, sobre todo, a los rurales o localidades apartadas. Además, indica que también se debería considerar el efecto del aumento de los precios internacionales del petróleo y, en consecuencia, del gas licuado, por guerras y problemas internacionales.
El presidente de la Asociación de Municipios Libres, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, criticó en la cita que se han perdido meses en la discusión legislativa y que el objetivo del proyecto debería -entre otros aspectos relevantes- buscar bajar los precios de los cilindros de GLP. Además, consultó el motivo por el cual el Ejecutivo no consideró en el articulado a los municipios.
El precio también fue recogido por el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Andrés Santander, quien señaló que el objetivo que no está considerado en el articulado y debiese incorporarse es bajar el precio de gas para las familias. En su opinión, estaba debiese ser la orientación del texto. Además, indica que tiene que ver con todo el Estado, puesto que cuando se hace un proyecto de ley se piensa en los municipios grandes, pero existe una gran cantidad de municipios pequeños que no operan con la misma lógica.
De hecho, Santander advirtió que se debe tener cuidado con que, al cumplirse el objetivo del proyecto de ley, no se logre bajar el precio de los cilindros de GLP, puesto que este articulado afecta más a familias de bajos recursos, ya que las familias de mayor poder adquisitivo están conectados a redes de gas natural. Recalcó que comparte el espíritu del texto, pero se debe buscar la forma de mejorarlo incorporando la baja de precios.
Para Tamayo de la Asociación de Municipios Libres, de acuerdo al acta, este proyecto de ley no aseguraría que bajen los precios del GLP envasado. Según habría comentado, dado que no se van a generar cambios en los mayoristas, esta actividad seguirá concentrada. Y añade que la distribución minorista no debería ser de giro exclusivo, es decir, que el retail, supermercados y servicentros deberían poder vender cilindros.
El edil planteó que el proyecto debería considerar un límite máximo a las utilidades para las empresas y que hay preocupación en cuanto a que los estándares de seguridad bajen cuando el proyecto se apruebe, ya que estos actualmente son muy altos. En ese sentido, considera necesario fortalecer a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que logre fiscalizar correctamente el sistema en su conjunto.
Asimismo, Tamayo indicó que es relevante considerar severas sanciones para evitar el acaparamiento de cilindros o acciones de exclusión entre mayoristas sobre minoristas. Consideró que se debería incorporar a las municipalidades y asociaciones en la comercialización del GLP, a objeto de garantizar la comercialización en zonas extremas, precarizadas o donde exista baja competencia. Esto requeriría, planteó, modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695).
Y añadió el edil que no parecería lógico que este proyecto de ley no considere el GLP a granel y la desintegración de esta parte del mercado.
Un punto que se instaló en el debate es el artículo quinto transitorio del proyecto considerando que parte de lo que se señala es que "la vigencia de los convenios suscritos con anterioridad a la publicación de la ley en el Diario Oficial entre distribuidores de GLP y organismos públicos o privados que impliquen un menor precio de venta de cilindros portátiles de GLP a consumidores subsistirán por el plazo de 18 meses a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial o el plazo menor que indique el respectivo convenio".
Según consta en el acta del encuentro, de acuerdo a este artículo transitorio del articulado, para la AMUCH, es probable que los beneficios de descuentos se terminen a corto plazo en vista que se otorgan con la colaboración de los mayoristas.
La Asociación añadió en su presentación que, de acuerdo a su entendimiento, los actuales descuentos se logran porque la cadena de suministro está integrada, lo que se perdería con el proyecto de ley.
Compartió los diagnósticos presentados por las otras asociaciones y, en particular con AMUCH, el encargado de proyectos de la Asociación de Municipalidades Rurales, Jaime Vera. Esta entidad, de acuerdo al acta, recalcó que la preocupación es que el proyecto suba el costo del GLP después de su aprobación. Y solicitó pensar en el funcionamiento y logística propia de las comunas rurales.
La discusión entre desintegración y precios
De acuerdo al acta del encuentro, hubo espacio para la discusión. Molina, de AMUCH, consultó a la audiencia -por ejemplo- cómo se podría bajar el precio del GLP si no lo puede hacer el distribuidor en la cadena y señaló que sería necesario tener otra mirada del funcionamiento del mercado, puesto que hay muchas comunas que no tienen subdistribuidores y es gracias a la cadena logística que se puede acceder al GLP.
Tamayo, de la Asociación de Municipios Libres, contrapreguntó a AMUCH, pidiendo aclarar si es que están de acuerdo con desintegrar el mercado. Molina replicó que no está necesariamente de acuerdo con la desintegración en la forma que se plantea en el proyecto, ya que pareciera que no va a crecer el mercado. Y acota que no creen en la desintegración, pero se pueden buscar nuevas fórmulas que mejore la competencia y, además, no suba el precio.
Vera, representante de los municipios rurales, se involucró en el debate indicando que hay alcaldes que sí creen que la desintegración es buena, pero lo que prima es que esto no afecte el precio del GLP al alza. AMUCH añadió que también hay algunos alcaldes que creen en la desintegración y que lo relevante es que no se suba el precio del cilindro.
En el acta se consigna que el asesor del diputado Miguel Mellado, Juan Ignacio Gómez, apuntó que no queda claro que la solución, a su parecer altamente interventora, no genere un alza en precios y además baje la calidad del servicio. Se cuestiona si es que hay que redefinir el objetivo del proyecto de ley para bajar el precio.
Entre otras aclaraciones, la CNE indicó que, respecto a los instrumentos regulatorios, hay distintas formas para regular un mercado y, en el caso particular del mercado de cilindros de GLP, el informe de la FNE señala que se deben preferir las opciones regulatorias más sencillas y con más rápido efecto, descartando así la regulación de precios como se hace en un monopolio natural por su difícil implementación y altos costos regulatorios. Por esto, añadieron, la recomendación del organismo técnico fue la desintegración vertical, que es una alternativa más sencilla y de aplicar y rápida. En ese sentido, dijeron, la desintegración busca que los subsdistribuidores puedan optar con cuales mayoristas quieren trabajar.
Belén Tomic, del Ministerio de Energía, dio algunas luces de los próximos pasos del proyecto. Junto con indicar que el objetivo de la mesa es recibir todas las propuestas que permitan mejorar el articulado, indicó que, si es necesario incorporarlos, podría evaluarse una indicación al articulado. Adicionalmente, afirmó que el informe de disensos y consensos que elabore la mesa técnica podría estar listo aproximadamente en diciembre y así comenzar probablemente en enero o marzo la discusión legislativa del proyecto.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Congreso
